La ayuda servirá para ayudar ante el pago a acreedores por operaciones de inversiones, la contratación de los desempleados -sobre todo sin prestación y con al menos dos años de residencia en el municipio- y la financiación de equipamientos, proyectos y obras necesarios para contratar a esos parados.

La Junta estrenó ayer el Decreto Ley, una figura jurídica creada con el renovado Estatuto reservada a casos de «extraordinaria y urgente necesidad» a la que se ha recurrido para «dar salida» en el menor tiempo posible a los 125 millones reservados en los Presupuestos Generales de la Comunidad al Plan de Convergencia Interior y que «no podían permanecer ociosos» en las cuentas regionales. «La grave contracción de la actividad económica y el empleo» justifican su utilización, apuntó el consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, después de que el Consejo de Gobierno diese el visto bueno al Decreto Ley.

Aunque en el plazo de un mes deberá ser sancionado por las Cortes, entrará en vigor una vez que hoy se publique en el Bocyl. Después, los destinatarios del dinero deberán firmar y aceptar las subvenciones directas concedidas a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y a las diputaciones con el fin de estimular el empleo y a la vez con un objetivo de avanzar en la convergencia al estar destinado al medio rural.

El Decreto establece tres líneas de ayuda: acelerar el pago de acreedores, promover la contratación de desempleados, preferentemente que no cobre prestación, y aumentar la inversión pública.

De los 125 millones, un total de 112 se reparte entre los municipios de menos de 20.000 habitantes y 12 millones, el 10%, entre las nueve diputaciones.

El grueso del dinero, 72 millones, el 60% tiene que ir a la contratación de personas que están en el paro y no tienen ninguna prestación. Otra de las líneas, habilita a los ayuntamientos a utilizar un máximo del 10% de la subvención que reciban para el pago de facturas pendientes con empresas y proveedores.

Además, De Santiago Juárez recordó que el decreto recoge la prohibición de publicar la cantidad percibida “ni en carteles ni en publicidad”.

El consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, destacó que el «oeste» de la Comunidad (León, Zamora y Salamanca), además de Ávila, al ser éstas las provincias más desfavorecidas, serán el principal beneficiario, al recibir más de 55 por ciento de los fondos totales. La que percibirá más recursos será la más poblada, León, con 26,6 millones de euros.

Por municipios, el que recibirá un importe mayor será el de Benavente, con 19.000 censados y 16.93 parados, por valor de 1,8 millones de euros. Y es que a la población de derecho corregida se sumará el número de desempleados, que tendrá un valor multiplicado por cinco. Alba de Tormes recibirá 500.000 euros aproximadamente.