El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó con rotundidad que las corridas de toros son un derecho de los españoles y que las posibles prohibiciones serían inconstitucionales ya que topan con varios límites establecidos por la Carta Magna, tanto de protección de los derechos fundamentales y de las libertades individuales como de competencias de las comunidades autónomas. En este sentido, reclamó una modificación de la Ley estatal para que se recoja expresamente este derecho. Así lo expuso hoy en su discurso de inauguración del XXVI Curso de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca.

“La prohibición es inconstitucional”. Fernández Mañueco concluyó tajante su argumentación sobre “La fiesta de los toros: un derecho de todos los españoles”, como se titulaba su discurso de inauguración del Curso de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca.

El debate abierto tras la admisión a trámite en el Parlamento Autonómico de una Iniciativa Legislativa Popular sobre la prohibición de los toros dio pie a Fernández Mañueco a elegir este tema para su conferencia, en la que aseguró que es una responsabilidad del Estado no sólo proteger y defender la fiesta de los toros sino también promoverla, por lo que el Estado deberá acudir al Tribunal Constitucional en el caso de aprobarse la prohibición en Cataluña. En este sentido, pidió que se modifique la Ley estatal para que recoja expresamente este derecho de los españoles y cierre el paso a cualquier tentativa prohibicionista.

En lo relativo a los derechos fundamentales, Fernández Mañueco remarcó que la Constitución reconoce un sus artículos 35 y 38 “las libertades profesional y de empresa” y una prohibición de las corridas de toros restringiría ese derecho a numerosas personas, como matadores, banderilleros, picadores, subalternos, empresarios, apoderados, periodistas especializados o ganaderos, todos en un sector que emplea a más de 150.000 personas en España.

El consejero recordó que la Constitución impone a los poderes públicos la obligación de atender a la modernización y el desarrollo de la ganadería, siendo el sector del toro de lidia uno de los que más peso tienen en Castilla y León, ya que cuenta con 241 ganaderías, el 20 por ciento del total a nivel nacional, y el número de reses asciende a más de 51.000 animales. En concreto, la provincia de Salamanca cuenta con 178 ganaderías y es la primera en el ránking nacional.

Por otra parte, explicó que una prohibición restringe “la libertad genérica de actuar” que se deduce de distintos artículos constitucionales para defender la libertad de llevar a cabo en principio cualquier actividad lícita. También repasó en su discurso “el derecho a la creación y la producción artísticas” y rebatió la argumentación de amparar la prohibición de las corridas bajo el paraguas de la conservación de los recursos naturales que establece el artículo 45 de la Constitución, ya que precisamente la cría de reses bravas que se desarrolla gracias a los festejos contribuye al mantenimiento de esta especie así como de los ecosistemas de extensas dehesas.

También subrayó Fernández Mañueco la competencia estatal en materia de “fomento de la cultura” y recordó que el artículo 46 de la Constitución establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Que los espectáculos taurinos son patrimonio cultural común está recogido en la Ley 10/1991, de 4 de abril, y ha sido reiterado en varias por la jurisprudencia, tal y como se recoge en sentencias del Tribunal Supremo.

En cuanto a la competencia de las comunidades autónomas, Fernández Mañueco rechaza tras su argumentación que al amparo de la competencia exclusiva sobre espectáculos asumida por las comunidades autónomas en sus Estatutos puedan prohibirse los festejos taurinos, sino únicamente fijar condiciones para su desarrollo y organización. En cuanto a las competencias sobre salud animal, sostiene que la jurisprudencia ha reiterado que para aplicar una regulación de la salud animal es requisito que esta tenga incidencia en la salud humana, lo que no es el caso.

El debate sobre la prohibición de los toros ha surgido con fuerza después de que el Parlamento de Cataluña admitiera a trámite recientemente una Proposición no de Ley, presentada por Iniciativa Legislativa Popular, para la modificación de la Ley catalana de Protección de los Animales. Esta modificación incluye la prohibición de las corridas de toros y los espectáculos de toros que conlleven muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que se celebren en las plazas de toros o fuera de ellas, con las excepción de las fiestas con novillos sin muerte en las fechas y localidades donde tradicionalmente se celebran.
En Castilla y León se celebraron el año pasado 2.536 espectáculos taurinos, entre corridas, novilladas, rejoneo, becerradas, espectáculos mixtos, toreo cómico, festivales, bolsines, encierros, baquillas, capeas y concursos de cortes. Las de Castilla y León son cifras importantes en un sector que emplea en España a más de 150.000 personas y que genera un flujo económico de unos 2.500 millones de euros anuales. En España, que tiene más de 370 plazas de toros fijas, se celebran 17.000 festejos al año con 60 millones de espectadores.